CONSEJO DE SEGURIDAD

LA FE Y LO PÚBLICO
Por: Federico Hoyos Salazar
01-XII-08

¿Deben convertirse en objeto de debate las actuaciones de carácter privado de los personajes públicos? La discusión es delicada y nada fácil de abordar en especial si nos referimos a temas religiosos, como es mi propósito en esta columna.

Desde hace algunas semanas se ha levantado una interesante polémica debido a una columna de Daniel Coronell en donde se refiere peyorativamente al magistrado Alejandro Ordóñez tildándolo de “inquisidor” y “representante de la caverna colombiana” por sus férreas convicciones religiosas. De manera semejante, diferentes medios de comunicación e importantes personajes de la vida nacional han cuestionado las muestras públicas de fe del presidente Uribe, alegando que esto pone en peligro lo estipulado en la Constitución en donde Colombia se define como un país laico. A mi modo de ver, ni las manifestaciones religiosas del presidente ni las de ningún funcionario público ponen en peligro la separación entre Iglesia y Estado.

Me parece absurdo que se diga que las demostraciones públicas de fe del presidente y de otros funcionarios estatales pongan en jaque al Estado laical. Siguiendo esta misma argumentación podríamos decir que se pone en peligro a la estabilidad política del país si un presidente se declara liberal o conservador por que esto puede hacer mella entre los seguidores del partido contrario. ¿Vamos a volver a una guerra partidista si esto sucede? No.

El uso de las palabras pluralismo y tolerancia son frecuentemente utilizadas por políticos y académicos de la vida nacional pero, cuando la cuestión religiosa aparece estas dos recurrentes palabras se desvanecen con facilidad. Son precisamente los defensores acérrimos de estas ideas quienes se convierten en ocasiones en los más grandes intolerantes cuando entran en la discusión algunos temas.

Recuerdo que el ex magistrado Carlos Gaviria decía que Álvaro Uribe no era presidente de los católicos sino de todos los colombianos y que por lo tanto sus demostraciones públicas de fe eran indebidas y transgredían el Estado pluralista. Veamos, por un lado es importante recordar que al presidente lo eligieron personas pertenecientes a diferentes credos: católicos, protestantes, ateos y demás. Adicionalmente sus políticas no van orientadas hacia un sector específico de la población, lo contrario no sólo sería reprochable desde cualquier punto de vista sino además ilegal, pero este no es el caso. Por otro lado debemos tener en cuenta que los católicos también hacemos parte de la tan citada pluralidad y, por lo tanto nuestras opiniones no deben ser excluidas.

Ahora, volviendo a la pregunta inicial sobre si las actuaciones privadas en cuestiones de fe deben ser objeto de discusión pública vale la pena hacer algunas reflexiones. En primer lugar recordemos que los lugares en donde se practica la religión son lugares públicos, por lo tanto el que quiera acudir a ellos está actuando públicamente. Sería inadmisible demandarle a cualquier empleado estatal que dejara de acudir a estos lugares y que se limitará a ejercer su fe bajo su propio techo puesto que podría ofender las sensibilidades de algunos no creyentes y además estaría desequilibrando al Estado laical.

Recordemos además que la Constitución otorga el derecho a todas las personas a profesar libremente su religión independientemente de la que sea. ¿Acaso esta norma no es aplicable al presidente y otros funcionarios estatales? En esto radica la intolerancia de los que se autoproclaman defensores de la tolerancia y la pluralidad, querer demandar con toda severidad algunas de las normas constitucionales pero hacerse los de la vista gorda frente a otras. Nuestra Constitución no exige que los funcionarios públicos no sean religiosos sino que todas las religiones e iglesias sean tratadas con igualdad frente a la ley. Gran diferencia.

En cuanto al otro caso citado, el del candidato a Procurador el magistrado Alejandro Ordóñez vale la pena decir que los funcionarios públicos deben ser examinados por su integridad y conocimiento frente a los temas de su oficio y no por sus creencias religiosas, en esto también consiste el Estado laical. No está bien que se convierta en punto de debate y de cuestionamiento el hecho de que un empleado público profese alguna creencia en público o en privado, que se cuestione si quiere la probidad para ejercer un cargo determinado, que se cuestione el pasado judicial de la persona, pero que el hecho de colgar un crucifijo en una pared en vez de algún otro ornamento no sea objeto de cuestionamiento y mucho menos de señalamiento

Es perjudicial que se ataquen las creencias personales de las personas en especial si esas creencias son compartidas por una enorme mayoría y no le hacen daño a nadie. Ya vivimos en un país lo suficientemente dividido por las ideas políticas, no le agreguemos más leña al encendido fuego de la polarización ahora por motivos religiosos. Tolerancia y pluralidad sí pero para todos y sin discriminaciones. Por último, dejemos esa manía de estar esculcando la vida íntima de todo el mundo y queriéndola poner en el Circo Romano de los medios de comunicación.

Post Scriptum: Que narcisismo tan lobo el del gobernador del Valle con esa publicidad en donde sale vestido de sudadera roja con otros deportistas. Sobra su presencia en la foto ¿No?